Liberan a tres personas tras 24 años en prisión sin sentencia en Tlaxcala

Tres personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario de Tlaxcala recuperaron su libertad esta semana tras permanecer 24 años en prisión sin haber recibido una sentencia definitiva, en un caso que ha generado severas críticas al sistema de justicia estatal y que abogados defensores de derechos humanos calificaron como una "monstruosidad jurídica".

Según información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, los ahora liberados fueron detenidos a principios de la década del 2000 bajo acusaciones que nunca fueron llevadas a un proceso conclusivo. Durante más de dos décadas, estos internos permanecieron en calidad de procesados en el Centro de Reinserción Social de Apizaco sin que autoridades judiciales emitieran una resolución final sobre su situación legal.

"Una violación sistemática de derechos"

El abogado defensor que representó a los ahora liberados describió el caso como

"una monstruosidad que refleja las fallas estructurales del sistema de justicia en el estado"

. El litigante, cuyo nombre se reserva por petición propia, señaló que la liberación se logró tras presentar recursos de amparo y exhibir la inexistencia de avances procesales durante casi un cuarto de siglo.

El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión judicial en Tlaxcala y la operación del sistema de justicia penal previo a la reforma de 2008. Expertos consultados por medios nacionales señalaron que situaciones similares podrían existir en otras entidades del país, donde la falta de recursos, negligencia administrativa y rezago judicial mantienen a personas en prisión preventiva por periodos que exceden cualquier posible sentencia.

Autoridades no han emitido postura oficial

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Fuentes cercanas al Poder Judicial estatal indicaron que se está realizando una revisión interna para identificar posibles responsabilidades administrativas, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el proceso.

Organizaciones de derechos humanos demandaron que se investigue a fondo cómo se permitió que tres personas permanecieran privadas de su libertad durante 24 años sin una resolución judicial, y exigieron medidas de reparación del daño para los afectados. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas profundas al sistema de justicia penal en la entidad.