Liberan a internos del 'Caso Tlaxcala' tras 24 años sin recibir sentencia

Un grupo de personas privadas de la libertad en el marco del denominado 'Caso Tlaxcala' fueron liberadas esta semana tras permanecer 24 años en prisión preventiva sin recibir sentencia definitiva, en lo que especialistas califican como una grave violación al derecho humano a la justicia pronta y expedita.

De acuerdo con medios nacionales, las personas liberadas fueron procesadas a finales de los años noventa por delitos relacionados con delincuencia organizada, pero sus expedientes permanecieron sin resolución durante más de dos décadas debido a irregularidades procesales y cambios en el sistema de justicia penal.

Violación a derechos fundamentales

Organizaciones de derechos humanos que documentaron el caso señalan que los internos estuvieron recluidos en el Centro de Reinserción Social de Apizaco en condiciones de incertidumbre jurídica, habiendo superado ampliamente los plazos constitucionales para ser sentenciados o liberados.

La resolución judicial que ordenó su libertad reconoce que el Estado mexicano violó su derecho a un juicio expedito, consagrado tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Según fuentes jurídicas, este caso evidencia rezagos históricos del sistema de justicia en Tlaxcala.

Reformas pendientes al sistema penal

El abogado defensor de los liberados explicó que la transición del sistema penal tradicional al acusatorio, ocurrida entre 2008 y 2016, dejó cientos de casos en limbo procesal en todo el país, siendo Tlaxcala una de las entidades con mayor número de expedientes pendientes de resolución.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido posicionamiento oficial sobre las liberaciones, aunque fuentes internas señalan que se realizará una auditoría a los expedientes antiguos para identificar casos similares que requieran atención prioritaria.

Especialistas en justicia penal consultados por diversos medios advierten que este tipo de situaciones erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y demandan una reforma profunda a los mecanismos de seguimiento de procesos judiciales en la entidad.