Deudor alimentario exhibido en marcha del 8M paga 100 mil pesos en Tlaxcala

Un caso que generó polémica en redes sociales durante la marcha del 8 de marzo tuvo un desenlace este viernes en Tlaxcala. El hombre identificado como deudor alimentario, cuya imagen fue exhibida públicamente durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, pagó 100 mil pesos correspondientes a tres años de incumplimiento de pensión alimenticia para evitar enfrentar cargos penales.

De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, el pago fue realizado ante autoridades judiciales, cumpliendo con la totalidad de la deuda pendiente. El caso había sido promovido por colectivos feministas que demandaban justicia para la madre de los menores afectados.

Exhibición pública como mecanismo de presión

Durante la marcha conmemorativa del 8M en la capital tlaxcalteca, activistas desplegaron carteles con fotografías de deudores alimentarios, estrategia que ha sido utilizada en diversos estados del país. La medida generó debate sobre los límites entre la justicia y la exposición pública.

"Este tipo de acciones visibilizan un problema que las instituciones han atendido de manera lenta", señaló una integrante del colectivo que promovió la exhibición. "No buscamos linchar, sino que asuman su responsabilidad con sus hijos".

Marco legal en Tlaxcala

En Tlaxcala, el incumplimiento de pensión alimenticia puede derivar en penas de hasta cuatro años de prisión, según el Código Penal estatal. Sin embargo, la legislación permite que el deudor evite la cárcel si liquida la totalidad del adeudo y llega a un acuerdo reparatorio con la parte afectada.

Organizaciones de mujeres en el estado celebraron el pago, aunque advirtieron que existen decenas de casos similares sin resolver. Demandaron a la gobernadora Lorena Cuéllar mayor impulso a mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El caso reafirma la efectividad de la presión social y la visibilización mediática como herramientas complementarias al sistema judicial en temas de violencia económica contra mujeres y menores.