Organizaciones civiles demandan soluciones al manejo de residuos en Tlaxcala

Organizaciones civiles de Tlaxcala y Puebla realizaron un llamado urgente a las autoridades estatales para detener lo que califican como "negocios irregulares" en torno al manejo de residuos sólidos en la región. La demanda surge en medio de la controversia por el sitio de disposición final en Xotla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Durante una asamblea comunitaria celebrada este miércoles, habitantes de al menos cinco municipios tlaxcaltecas expresaron su rechazo a la privatización del servicio de recolección y disposición de basura. Los manifestantes argumentan que la falta de supervisión gubernamental ha permitido la operación de tiraderos sin las medidas ambientales necesarias.

Postura del gobierno estatal

Antonio Martínez, vocero del gobierno de Tlaxcala, reiteró que la administración estatal no tiene injerencia directa sobre el relleno sanitario de Xotla, al tratarse de una instalación de carácter privado. "El estado no opera ese sitio. Es una concesión privada que debe cumplir con normativas federales y estatales", declaró el funcionario.

Según medios locales, Martínez agregó que la emergencia ambiental actual podría representar una oportunidad para que los municipios exploren alternativas más sostenibles en el manejo de residuos. Sin embargo, esta postura no ha satisfecho a los colectivos ambientalistas.

Demandas ciudadanas

Los grupos organizados exigen:

• Auditorías a las concesiones otorgadas para el manejo de basura
• Creación de un sistema de gestión regional transparente
• Implementación de programas de separación de residuos
• Clausura de tiraderos que operen sin permisos ambientales

De acuerdo con información de medios regionales, la controversia involucra a municipios como Santa Cruz, Nativitas, Ixtacuixtla y Totolac, cuyos ayuntamientos han enfrentado problemas para garantizar la recolección constante de residuos. La situación se agudizó tras el cierre temporal de algunos sitios de disposición por denuncias ambientales.

Los colectivos anunciaron que mantendrán mesas de diálogo con autoridades estatales y municipales durante las próximas semanas, y no descartan acciones legales si no obtienen respuestas concretas sobre la regulación del sector.